En España, la salud mental adquiere una relevancia crucial, revelada por el reciente informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS). Más del 50% de las unidades de Psicología Clínica y Psiquiatría están ubicadas en el ámbito de la sanidad privada, abarcando el 70% de los hospitales de salud mental y adicciones, así como el 49% de los centros sin internamiento.
El análisis señala que, en términos de camas disponibles, el sector privado ostenta el 63% del total en salud mental. Destaca Cataluña, con el 91% de hospitales privados brindando asistencia integral en salud mental, seguida por Andalucía y la Comunidad de Madrid con un 89% y 88%, respectivamente.
En 2020, se registraron 5.5 millones de consultas en terapias psicológicas, mostrando un aumento significativo. El 13% de estas consultas se llevaron a cabo en hospitales privados, y en centros ambulatorios de atención especializada, el 82% de las sesiones de psiquiatría tuvieron lugar en centros privados.
En 2020 hubo 5.5 millones de consultas
El informe subraya la necesidad de abordar tempranamente los problemas de salud mental, dado que el 70% de los trastornos mentales comienzan en la etapa infanto-juvenil.
Estos resultados reflejan la escasez de recursos en la sanidad pública, donde solo el 60% de los centros sanitarios ofrecen atención en salud mental, y aproximadamente el 40% de las personas que requieren tratamiento especializado no lo reciben. La ratio de psiquiatras por cada 100,000 habitantes aumentó de 7.8 en 2010 a 9.8 en 2019 a nivel nacional, con variaciones significativas entre comunidades autónomas.
En cuanto a la prevalencia de problemas de salud mental, un 30.2% de las mujeres españolas y un 24.4% de los hombres presentan algún problema. El trastorno de ansiedad afecta al 6.7% de la población, siendo el más común, seguido por el trastorno depresivo, que afecta al 4.1% de la población.
En resumen, en España, la sanidad privada concentra una parte significativa de los recursos en salud mental, mientras que la sanidad pública enfrenta desafíos en términos de disponibilidad y acceso a servicios de salud mental.